Los empresarios agrícolas que trabajamos en la provincia de Buenos Aires estamos obligados a gestionar un Código de Operaciones de Traslado (COT) para amparar el transporte de granos en todo el territorio provincial (la norma comprende a todos los bienes, no sólo a los granos).
La maraña burocrática que regula el COT es el artículo 41 del Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires y las disposiciones y resoluciones normativas DN “B” Nº 32/06 y sus reformas; DN “B” Nºs 44/06, 54/06, 57/06, 62/06, 63/06, 66/06, 72/06, 76/06, 100/06, 91/06, RN Nº 14/09, RN Nº 14/11, RN Nº 34/11, RN N° 45/11; 4/15; 30/17 y 41/17.
Ahora bien, ¿cuál es la necesidad de implementar un COT en una provincia cuando a nivel nacional existe una carta de porte que cumple la misma función? La respuesta es. Ninguna. Existe solamente para complicarle la vida a los empresarios agrícolas bonaerenses.
¿Tan difícil es instrumentar un sistema que permita compartir datos entre ARBA y la AFIP? No parece serlo porque de hecho ambos organismos vienen trabajando juntos hace tiempo para restringir la posibilidad de que haya evasión fiscal en el sector cárnico de la provincia de Buenos Aires.
Pero la realidad es que la carta de porte también es un trámite burocrático obsoleto (y tedioso para el empresario agrícola) porque debería bastar la gestión en línea del Código de Trazabilidad de Granos (CTG) para poder transportar granos. De hecho, el CTG es posterior a la carta de porte y debe ser incluido en la misma porque, de lo contrario, la carta de porte no tiene validez alguna.
Desde que se implementó la carta de porte debo haber realizado unas 2000 para poder cargar alrededor de 700 caminos, porque basta un pequeño error formal para que el documento sea rechazado y deba hacerse uno nuevo. Todo ese tiempo perdido seguramente lo podría haber dedicado a cuestiones más productivas y beneficiosas a la sociedad.
Tanto el COT como la carta de porte no tienen razón alguna de existir, salvo la de justificar, eventualmente, el aparato burocrático encargado de regular tales herramientas innecesarias.
Cuando hablamos de “aparato burocrático” no sólo debemos pensar en legiones de empleados públicos, sino también en sistemas informáticos. Un aspecto poco conocido del Sistema de Información Simplificado Agrícola (más conocido como SISA) es que contiene algoritmos que calculan la cantidad de CTG que puede recibir una empresa en función de los datos declarados. ¿Cómo lo hace? Básicamente en función de promedios de referencia regionales.
Eso implica que si un empresario –ya sea por una adecuada fertilización, aporte de la napa o lo que sea– obtiene un cosechón, es muy probable que, en un determinado momento, el SISA anule las autorizaciones para transportar granos y el contribuyente en cuestión deba recurrir a su agencia Afipamiga para justificar la cosecha lograda.
Entiendo que la función de las personas que forman parte del Estado es ayudar que todos los que trabajamos en el sector privado –quienes solventamos salarios y servicios públicos con nuestro esfuerzo– podamos generar la mayor cantidad de recursos posibles para beneficio de la comunidad. Pero el COT y la carta de porte no contribuyen a eso. Más bien todo lo contrario. (Valor Soja)
