Las tasas municipales por los certificados-guías de traslado de hacienda, nacidas hace muchos años con fundamento en códigos rurales o leyes de marcas y señales, son un verdadero ejemplo de costo fiscal improductivo que erosiona la competitividad.
Hace 100 años tuvieron su razón de ser; hoy en el siglo 21, no se explica que todavía subsistan, excepto porque hay una ley que las establece y que ningún legislador provincial está dispuesto en afectar los recursos municipales modificándola.
También sobrevive porque los productores pecuarios no se quejan lo suficiente y no hacen valer sus derechos en sus localidades de origen y permiten que continúe esta práctica arcaica, que en definitiva pagamos todos los argentinos en el precio de la carne.
La ley provincial Nº 5.542, de 1973, da origen a esta potestad municipal, porque eran las comunas las que expedían el certificado-guía.
En 2002, a través de la Secretaría de Ganadería, la Provincia promovió un cambio para simplificar y agilizar el trámite: definió que el DTA (documento de tránsito animal hoy DTe, que emite SENASA) es el único válido para amparar el movimiento de animales. Y para sostener la intervención municipal, estableció que debe estar visado por la autoridad de aplicación.
Cuando la Dirección de Ganadería emite el boleto de Marca y Señal, el productor tiene que presentarlo para que tome conocimiento el municipio respectivo, que tiene que llevar en adelante, el registro de productores y existencias. Un relevamiento de la Dirección de Marcas y Señales de fines de los años ’90 demostró que esa obligación era incumplida por la gran mayoría de municipalidades y comunas.
El único registro confiable de existencias es el del SENASA. Hace poco, el Ministerio de Agricultura y Ganadería provincial puso en funcionamiento una plataforma digital para el Registro de Marcas y Señales: a la fecha han adherido más de 240 municipios y comunas.
Por esta vía, se posibilita que quienes sean “autogestores” puedan emitir su propio DTe y abonar las tasas nacionales y municipales en forma electrónica.
Esta mejora tecnológica pone en evidencia que la intervención municipal es innecesaria. Desde hace mucho tiempo las comunas no cumplen ninguna función, ni registral y menos sanitaria, por ende el derecho a percibir una tasa carece de todo sustento.
Por año, el sector productivo provincial afronta tasas municipales de movimientos de hacienda vacuna con destino a faena por alrededor de 71 millones de pesos (entre 11 y 60 pesos según cada municipio, sobre dos millones de cabezas).
En el sector porcino, son otros 20 millones (entre 3,5 y 20 pesos). La diferencia de tasas no guarda ninguna relación entre las administraciones locales.
El 21 de junio pasado, Santa Fe emitió el decreto 1.492, a través del cual eximió a los productores de la necesidad del visado policial al DTe, por considerar obsoleto el mecanismo.
En Córdoba deberíamos tomar este ejemplo y peticionar ante nuestras autoridades para eliminar este tipo de gabelas.
(*) El autor es director ejecutivo de la Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne de Córdoba (AFIC) (Agrovoz)
