La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca anunció una actualización integral de las disposiciones que rigen los fertilizantes y enmiendas agrícolas, en el marco de la Ley N°20.466. El gobierno argentino publicó un decreto que busca agilizar los procedimientos administrativos, facilitar la inscripción de productos y actores del sector, y garantizar la calidad de los insumos utilizados en la producción agropecuaria.
Se destacan la implementación de un sistema de registro digital y la eliminación de aranceles para la inscripción de productos y empresas del rubro.
Control de calidad
La normativa dispone que todos los fertilizantes y enmiendas que se elaboren, fraccionen, vendan, importen o exporten en el país estarán sujetos a registro ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
Además, los importadores podrán acreditar certificaciones internacionales con solo una declaración jurada, agilizando el proceso de importación y comercialización.
La medida también introduce la categorización de fertilizantes y enmiendas, definiéndolos según su composición y funcionalidad.
Se especifica que los fertilizantes pueden ser orgánicos o inorgánicos, mientras que las enmiendas incluyen sustancias que mejoran las características del suelo sin aportar nutrientes directos.
Requisitos y restricciones
El decreto establece la obligatoriedad de comunicar al SENASA el traslado de nitrato de amonio a granel en cantidades superiores a 50 toneladas, con un aviso previo de 10 días hábiles.
Asimismo, se otorga facultades a la Secretaría de Agricultura para limitar o prohibir la aplicación de ciertos fertilizantes en determinadas regiones y cultivos, en función de criterios ambientales y productivos.
La iniciativa se enmarca en el Plan de Modernización del Estado, que promueve la digitalización de trámites y la interconexión de los organismos públicos con el objetivo de mejorar la eficiencia y reducir costos administrativos.
En este sentido, la inscripción en los registros nacionales se realizará mediante un formulario digital con carácter de declaración jurada, acelerando la aprobación de solicitudes y brindando mayor transparencia al proceso.
Con esta nueva regulación, el gobierno busca garantizar la calidad de los insumos agropecuarios, proteger el ambiente y fomentar una producción más eficiente y sustentable en el país.