Para la agroexportación, el costo argentino es cada vez más caro

¿Puede un país agroexportador como Argentina darse el lujo de tener a uno de sus principales puertos, el de Bahía Blanca, paralizado, por una acción ilegal y fuera de todo contexto?. Por Pablo Adreani

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El país ha entrado en una anarquía en la que no se respetan leyes y se avasallan tanto los derechos individuales, como los de las empresas y entidades.
El sector agropecuario y la agroindustria exportadora no son ajenos: sufren en forma permanente reclamos con medidas de fuerza a menudo ilegales que les impiden desarrollar sus actividades en condiciones normales.
El problema es que toda acción que provoque ineficiencias dentro de la cadena agrocomercial exportadora, en algún momento genera un costo extra.
Y también alguien lo paga, aun cuando ese costo adicional sea de carácter voluntario o involuntario.
Un ejemplo de una acción que genera ineficiencias en forma involuntaria es la que está ejerciendo el clima con la falta de lluvias en el Amazonas.
Eso impacta en la fuerte baja en el calado del Rio Paraná, una de las peores de la historia, que llevó al Gobierno a declarar la emergencia hídrica.
La consecuencia es que los barcos no pueden completar su carga máxima en el Gran Rosario y dejan los puertos con mermas de entre 10.000 y 14.000 toneladas.
Logística
Para poder cumplir con los contratos, las exportadoras recurren a redireccionar volúmenes hacia el puerto de Bahía Blanca, el principal de aguas profundas de la Argentina, donde se pueden recibir barcos de hasta 300 metros de largo con capacidad de almacenar 110.000 toneladas.
Y aquí aparece una acción de carácter voluntario que perjudica e impide la normal operatoria agroexportadora y suma costos por ineficiencia: durante los últimos días, transportistas autoconvocados, sin personería jurídica, con el uso de la violencia y en una clara maniobra extorsiva, impulsaron reclamos ajenos a la actividad exportadora, que incluyeron un bloqueo al puerto bahiense y agresiones a camiones, según denunció la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y Centro de Exportadores de Cereales (CEC).
Consecuencias
Vale insistir en que la mayor actividad que registran en las últimas semanas los puertos del sur de Buenos Aires obedece precisamente a la emergencia hídrica del Río Paraná, que impide que los buques salgan a “full-carga”.
De movida, esto significa un aumento del 300 por ciento en los costos logísticos y una importante demora a raíz del desvío de la carga de los buques desde el Gran Rosario hacia Bahía Blanca y Necochea. Ciara-CEC, Gustavo Idígoras, declaró que esta protesta “es absolutamente ilegal”.
“Somos víctimas de un conflicto ajeno donde un grupo de camioneros no agremiados impiden que los demás camioneros puedan ingresar a los puertos con granos”, explicó Idígoras.
Luego de este reclamo de la industria, el bloqueo se levantó. Lo mismo, la pregunta queda: ¿puede un país agroexportador como Argentina darse el lujo de tener a uno de los principales puertos del mundo paralizado, por una acción ilegal y fuera de todo contexto?
Cabe mencionar que, más allá de que la medida de fuerza cesó el miércoles, el daño económico fue enorme: 11.000 camiones que no ingresaron a puerto y se contabilizan como perdidos, más 40 buques que esperaban para cargar 1,2 millones de toneladas de maíz, trigo y harina de soja, entre otros granos y subproductos de exportación.
Para los exportadores es una pérdida de previsibilidad y el Estado argentino tampoco es ajeno; en este caso, pierde 400 millones de dólares en divisas por esta situación anárquica.
Una acción voluntaria que tiene como variable de ajuste probable un menor precio pagado a los productores por su cosecha, al incrementarse los costos de exportación.(Agrovoz)


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