El Gobierno nacional tiene previsto adherir al acta 1991 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Upov), que protege la propiedad intelectual de los obtentores públicos y privados, con el objetivo de generar ingresos para continuar invirtiendo en nuevas variedades y garantiza el uso propio por parte de los agricultores.
La decisión oficial, que generó el rechazo por parte de las entidades rurales debido a que la adhesión va a limitar el uso propio por parte de los productores (tal como hoy está contemplado en la legislación vigente) va a ser consensuada con los productores, según anticiparon de la Secretaría de Agricultura de la Nación.
“Antes de su reglamentación, toda la cadena (incluido productores) van a consensuar los criterios de excepción al pago de uso propio. Significa, por ejemplo, que van a acordar quiénes no tendrán que pagar por la tecnología de acuerdo a volumen de producción, hectáreas producidas, categorías impositivas, u otros posibles criterios”, anticiparon desde la secretaria que preside Fernando Vilella.
De esta manera, quedará claramente establecido que el uso propio es legal y oneroso para determinados actores; y en la reglamentación quedarán establecidos los agricultores excluidos del pago por uso propio, aseguró el Gobierno.
A modo de ejemplo: se podrá tomar de base para el análisis la experiencia de criterios utilizados por otros países, tales como la cantidad de hectáreas de producción; el volumen de producción; la categorización ante la Afip; las sucesivas reproducciones; entre otros. (Agrovoz)
