Giro oficial sobre el uso de los agroquímicos

Los ministerios pasan de recomendar buenas prácticas en tiempos de Macri a medir los residuos en tiempos de Alberto. Por Matías Longoni

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El viraje que viene dando el Estado Argentino en torno a la problemática de las aplicaciones de agroquímicos ha sido muy significativo desde el cambio de gobierno. En tiempos de Mauricio Macri, cuatro ministerios se reunieron para elaborar una serie de recomendaciones para evitar que esta práctica agrícola genere riesgos sobre la salud de la población y daños al medio ambiente. Todo ese trabajo quedó en la nada. Ahora, con Alberto Fernández al frente, son tres ministerios reunirán fuerzas para medir el impacto de esos insumos.
Es decir, se pondrá más énfasis en medir el daño que causan esos insumos que en definir estrategias de prevención.
Así de claro. Con la anuencia del Ministerio de Agricultura, el gobierno está lanzando una suerte de Observatorio que convocará a científicos a “a medir y/o estimar el contenido de agroquímicos en suelos, agua, aire y organismos biológicos”.
Lo informó el ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza, quien este martes se reunió con sus pares de Agricultura, Luis Basterra; y de Ambiente, Juan Cabandié, “para ultimar detalles acerca del Inventario de Uso de Agroquímicos”, según se describió.
“La idea es iniciar esta convocatoria a toda la comunidad científica que trabaja en el área de evolución ambiental para poder tener una primera aproximación al estado actual del uso de agroquímicos”, indicó Salvarezza, que recordó que “en la actualidad en el mundo hay exigencias cada vez más importantes. Argentina tiene que salir a ganar nuevos mercados en cuanto a producción con base en línea con el cuidado ambiental. Esperamos que toda la comunidad responda a esta convocatoria”.
Basterra, que como los anteriores ministros de Agricultura ni siquiera difunde una estadística oficial sobre el uso de agroquímicos (un trabajo que hace rato viene prometiéndose, pero jamás se concreta), acepto estas reglas de juego, sin oponer resistencia ni plantear el peligro que significan un exceso de restricciones para el entramado productivo que todavía requiere de este tipo de insumos para seguir produciendo controlando plagas, enfermedades y malezas.
“La sociedad nos interpela sobre la manera en la que producimos los alimentos. En este contexto, es fundamental el diálogo entre todos los sectores para garantizar que esos alimentos se produzcan de manera sana para el ambiente y para el individuo. Tenemos que aprovechar todo el potencial de la investigación y la innovación para mejorar nuestras capacidades productivas”, fue la declaración pública del titular de Agricultura.
Según la gacetilla oficial, el Inventario de Uso de Agroquímicos facilitará información que “será un insumo para analizar y contribuir al desarrollo de formas de producción sustentable que permitan la apertura de nuevos mercados para la producción orgánica y agroecológica, y que resulten en beneficios sociales, económicos y ambientales”.
La jefa de Gabinete de Salvarezza y coordinadora de la iniciativa, Carolina Vera, detalló que “existen diversos grupos de investigación que a lo largo del país realizan mediciones del contenido de agroquímicos en el ambiente. A través del inventario integraremos y expandiremos sus capacidades y acciones para contribuir a las políticas públicas relacionadas con su uso”.
La tarea comenzará, según describió, con las acciones tendientes a coordinar y fortalecer las metodologías y capacidades de medición o estimación en el ambiente. Para eso, el Ministerio de Ciencia y Tecnología “convoca a investigadores y a tecnólogos que cuenten con resultados de investigaciones o desarrollos tecnológicos orientados a medir o estimar el contenido de agroquímicos en suelos, agua, aire y organismos biológicos”.
La iniciativa de tres Ministerios del Poder Ejecutivo convierte en una política de Estado algo que también se discutía en el Congreso. En la Cámara de Diputados, la diputada Daniela Vilar (Frente de Todos) es autora de una iniciativa para crear este Observatorio de Agroquímicos. Según ella misma explicó, la idea sería abordar la problemática de estos insumos desde la mirada del medio ambiente y la salud, “creando evidencias que apunten a las futuras políticas públicas federales al respecto”.
En los primeros amagues de ese debate en la Comisión de Agricultura, el diputado Pablo Torello (del PRO y además productor agropecuario) anticipó varias objeciones al expresar que la iniciativa ya “está comprendida por la ley nacional 27.233, de Sanidad Animales y Vegetales, por lo que se estaría duplicando las atribuciones”.
Ahora, a partir de esta reunión, Salvarezza decidió avanzar por las suyas con la anuencia de Basterra y Cabandié, sin esperan una señal desde el Congreso y un debate más profundo sobre este asunto.
La comunidad agrícola está en alerta por este tipo de ofensivas. Es que parece grande el riesgo de que este Observatorio cargue las tintas sobre el impacto de los agroquímicos más que en las medidas para minimizarlo, favoreciendo que en todo el país aparezcan nuevas restricciones a su utilización por parte de los productores. Gobernadores, intendentes y hasta jueces han llenado la geografía argentina de todo tipo de restricciones a las aplicaciones con agroquímicos. Hay lugares donde no se pueden utilizar a tgres mil metros a la redonda de una escuela rural o un centro poblado, mientras que en otros lugares esas áreas de exclusión se reducen a solo 50 metros.
El macrismo, en su paso por el poder, había impulsado una lógica diferente para abordar esta problemática: en julio de 2018 presentó un documento consensuado por cuatro ministerios que contenía 12 principios y 23 recomendaciones para que la Argentina cuente con una política homogénea en materia de agroquímicos. Ese documento, que fue elaborado por una comisión técnica entre los ministerios de Agroindustria, Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología y Salud, con apoyo del INTA y el Senasa, desestimó recomendar distancias mínimas para las aplicaciones de agroquímicos desde los centros poblados, bajo el argumento de que “si se cumplen un conjunto de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) no tiene sentido determinar distancias mínimas precautorias”. (Bichos de Campo)


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